Indultos de vergüenza

El pasado 26 de noviembre, el Gobierno indultaba a Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por presentar una denuncia falsa de estafa y alzamiento de bienes contra Pedro Olavaria, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, siendo presidente de Banesto, a los que reclamó una deuda de 600 millones de pesetas (de hace 17 años) por las empresas del grupo Harry Walker, a las que representaban. El juez Pascual Estevill (más tarde encarcelado por prevaricación) dictó prisión preventiva para los encausados. Aquella decisión, considerada injusta por el Tribunal Supremo, fue el estopín que apartó a Estevill de la carrera judicial y lo condujo directamente a prisión en 1996. Una vez archivada la causa, Rafael Pérez Escolar y los empresarios injustamente procesados presentaron una querella contra Sáenz y otros ejecutivos de Banesto. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivase la causa, en 2006 el Tribunal Supremo anuló tal resolución. En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones de banquero. Sáenz pidió el indulto al Tribunal Supremo y fue rechazada su petición aunque tenía el apoyo de la Fiscalía. Hasta que el Consejo de Ministros, con el beneplácito del PP, y tras haber sufrido un descalabro histórico en las elecciones generales celebradas seis días antes, se llenó de mierda. Es posible que ese indulto, no entendible por el común de los ciudadanos, haya sido el último despropósito político de José Luis Rodríguez Zapatero antes de su salida de La Moncloa, o al menos eso creía yo. Pero no ha sido así. A medida que se acerca el final del mandato de este político a la violeta, como posiblemente hubiese sido definido por José Cadalso, mayores son los estampidos producidos por los tiros de fogueo de su ineficacia. No contento con haber dejado a los españoles boquiabiertos con la desfachatez del indulto a Alfredo Sáenz (un tipo que gana cerca de 9 millones de euros al año en el banco que preside Botín), ese mismo Consejo de Ministros, con una desfachatez supina y que insulta a la inteligencia, acaba de indultar a dos de los condenados por el “fraude del azúcar”. Así, el BOE publicaba ayer jueves dos reales decretos por los que se indultaba a Guillermo D’Aubarede Paya y a Fernando Pérez López, también condenados por el Tribunal Supremo por el fraude cometido entre los años 1996 y 1999 por el Grupo Ebro. Junto a otros diez cooperadores necesarios sobre los que no sé nada, les condenó el TS a pagar 27’6 millones de euros y a tres años y medio de prisión para cada uno de ellos. El indulto, en este caso parcial, consiste en que se quedan con dos años de cárcel cada uno (por lo que no tendrán que ingresar entre rejas) y una rebaja de la multa hasta los 79.000 euros (cuando el TS había dictado más de 8’8 millones para cada uno). El director técnico del Grupo Ebro y el director comercial de Ebro Agrícolas, respectivamente, se han salvado del marrón. No así otro, Nicolás Bautista, exdirector general de Ebro Agrícolas. ¿La razón? Que se la pregunten al maestro armero. Ambos ejecutivos simulaban movimientos internos de azúcar entre las diversas fábricas del grupo Ebro, pero que, en realidad, se destinaban a la exportación sin pagar aranceles. Visto lo visto, no les quepa la menor duda de que el “caso Urdangarín”, en el supuesto de que finalmente exista condena, será coser y cantar, es decir, indulto inmediato y aquí no ha pasado nada. Ya comentó el rey que “eso son cosas de Iñaki”. Hombre, serán cosas de su yerno, pero que afectan, ¡y de qué manera!, a los ciudadanos que pagamos tremendos impuestos para el mantenimiento de la Corona. La cárcel se “inventó” para los incautos, para los indocumentados y para los ciudadanos que no tienen padrino. Yo, que pertenezco a este último grupo de ciudadanos, tenía entendido que España era un Estado de Derecho. Y no es así del todo. Yo, que pertenezco a este último grupo de ciudadanos, digo, pensaba que España era una democracia parlamentaria. Tampoco es así. Resulta que es España es una oligarquía de partidos. A los políticos se les elige en vergonzosas listas cerradas que ellos mismos “cocinan” en las sedes de sus partidos. Yo, incauto de mí, rumiaba que Montes Neiro, que desertó del Ejército en 1976 (con Arias Navarro), debería salir de prisión por haber cumplido 61 años y estar enfermo de cuidado. Si bien desde entonces ha acumulado otras condenas, que todo hay que decirlo, no tiene delitos de sangre. Solicitó en diversas ocasiones el indulto, pero fue como clamar en el desierto. Aquí algo habrá que cambiar si queremos que España funcione.