El catedrático de Derecho
Constitucional Ramón Punset, en el “Faro de Vigo”, bajo el título “Cómo
destruir la Monarquía”,
hace un elogio a la figura del Rey: “devolvió la soberanía al pueblo español,
protegió el sistema constitucional de derechos y libertades en los momentos de
máximo peligro y aseguró de forma constante el funcionamiento regular de las
instituciones democráticas, sin interferir ni coartar jamás el proceso de
formación de la voluntad política que a ellas corresponde”. Dicho eso, Punset
hace referencia a lo que representa una institución anacrónica por su método en
la elección de la Jefatura
del Estado, a lo que denomina como “incrustación excepcional en el ámbito del
Estado democrático de Derecho”. Y, más abajo, hace referencia a la actual
situación de “descomposición” institucional en la que se encuentra uno de los
tres pilares del Estado: Dice: “El recurso contra el auto de imputación de la Infanta por parte del
fiscal Horrach -jerárquicamente dependiente del Fiscal General del Estado, a su
vez designado por el Gobierno- lo considero una torpeza mayúscula, como
igualmente lo es la adhesión al mismo de la Casa Real. Si la Audiencia Provincial
lo estima, la opinión pública entenderá que Doña Cristina recibe un trato de
favor respecto a la (sic) cónyuge del coimputado Diego Torres (¡y encima el
fiscal invoca el principio de igualdad para la Infanta!). Si lo
desestima, agrandará la herida de la Familia Real con un pronunciamiento
jurisdiccional más autorizado. Que el Abogado del Estado, que representa al
Gobierno, también se oponga a la imputación, siendo así que en el caso Nóos se
ha producido un expolio continuado de importantes cantidades de dinero público,
flaco servicio presta al interés general. También él merma el crédito ciudadano
de las instituciones”. Para “La
Razón”, para Anson (“El Imparcial”) y para ciertos periódicos
de la caverna, el juez José Castro es algo parecido a un juez de paz de un
poblado de cien vecinos. Se cansan de repetir que éste no pertenece a la
carrera judicial, que fue funcionario de prisiones y que accedió a la
judicatura por el llamado “cuarto turno”, por donde accedían, que yo sepa, los
secretarios judiciales, como fue el caso de la exvicepresidenta Fernández de la
Vega. Esos “argumentos” propios de lerdos
no los hubieran plasmado en el papel si la infanta Cristina no hubiese sido
imputada. Pero los que tenemos algo de memoria recordamos a Garzón, primero
alabado y más tarde odiado por esa misma derechona que ahora osa, con la osadía
de los indocumentados, poner en duda el “oficio” de un juez, el juez Castro, en
digno ejercicio de sus funciones.
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