sábado, 6 de abril de 2013

Ahora Castro, antes Garzón





El catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset, en el “Faro de Vigo”, bajo el título “Cómo destruir la Monarquía”, hace un elogio a la figura del Rey: “devolvió la soberanía al pueblo español, protegió el sistema constitucional de derechos y libertades en los momentos de máximo peligro y aseguró de forma constante el funcionamiento regular de las instituciones democráticas, sin interferir ni coartar jamás el proceso de formación de la voluntad política que a ellas corresponde”. Dicho eso, Punset hace referencia a lo que representa una institución anacrónica por su método en la elección de la Jefatura del Estado, a lo que denomina como “incrustación excepcional en el ámbito del Estado democrático de Derecho”. Y, más abajo, hace referencia a la actual situación de “descomposición” institucional en la que se encuentra uno de los tres pilares del Estado: Dice: “El recurso contra el auto de imputación de la Infanta por parte del fiscal Horrach -jerárquicamente dependiente del Fiscal General del Estado, a su vez designado por el Gobierno- lo considero una torpeza mayúscula, como igualmente lo es la adhesión al mismo de la Casa Real. Si la Audiencia Provincial lo estima, la opinión pública entenderá que Doña Cristina recibe un trato de favor respecto a la (sic) cónyuge del coimputado Diego Torres (¡y encima el fiscal invoca el principio de igualdad para la Infanta!). Si lo desestima, agrandará la herida de la Familia Real con un pronunciamiento jurisdiccional más autorizado. Que el Abogado del Estado, que representa al Gobierno, también se oponga a la imputación, siendo así que en el caso Nóos se ha producido un expolio continuado de importantes cantidades de dinero público, flaco servicio presta al interés general. También él merma el crédito ciudadano de las instituciones”. Para “La Razón”, para Anson (“El Imparcial”) y para ciertos periódicos de la caverna, el juez José Castro es algo parecido a un juez de paz de un poblado de cien vecinos. Se cansan de repetir que éste no pertenece a la carrera judicial, que fue funcionario de prisiones y que accedió a la judicatura por el llamado “cuarto turno”, por donde accedían, que yo sepa, los secretarios judiciales, como fue el caso de la exvicepresidenta Fernández de la Vega. Esos “argumentos” propios de lerdos no los hubieran plasmado en el papel si la infanta Cristina no hubiese sido imputada. Pero los que tenemos algo de memoria recordamos a Garzón, primero alabado y más tarde odiado por esa misma derechona que ahora osa, con la osadía de los indocumentados, poner en duda el “oficio” de un juez, el juez Castro, en digno ejercicio de sus funciones.

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