Fernando García Vicente, Justicia
de Aragón desde hace 15 años, entiende que esa figura no debe desaparecer. Está
bien que lo diga quien vive de ello placidamente. Sin embargo, por algo habrá
que empezar si queremos hacer recortes en la Administración.
Dos millones de euros de presupuesto sí me parece una
importante cantidad de dinero cuando en Aragón existen tantas carencias
sociales. Una de las tres funciones encomendadas a esa figura es la de defender los derechos y libertades de
los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Administración
pública. ¿Alguien defiende al ciudadano frente a la Administración? ¿Y
frente a las presuntas corrupciones políticas a todos los niveles? Que yo sepa,
no. Las otras dos funciones son la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón
y la tutela de su Ordenamiento Jurídico. Pues bien, la misión principal para la
que se creó, en el sigloXII, fue la de mediar en las pugnas entre el rey y la
nobleza. La verdad, eso hoy suena a cuentos de hadas. Con muy buen criterio,
Felipe V suprimió esa figura en 1711 por medio de los Decretos de Nueva Planta.
Pero con la llegada de la democracia y la partición de España en 17 Comunidades
Autónomas, se rehabilitó el zaragozano Palacio de Armijo para dar cabida a ese
obsoleto cargo en 1982. A
mayor partitocracia, mayor número de despachos. La última sinrazón ha sido la
creación de las comarcas, tan defendidas por el PAR. Y en esas estamos.
Comprendo que el jurista Fernando García Vicente se encuentre muy cómodo con
ese cargo que le propuso el Partido Popular y el voto unánime de toda la Cámara. Una Cámara, por otro
lado, cuyos miembros cobran dietas abultadas en cada pleno de La Aljafería aunque gran
parte de los mismos tengan su residencia habitual en Zaragoza. ¿Existe mayor
desvergüenza? Fernando García Vicente, que en julio de 2010 ya cobraba 5.848’80
euros brutos mensuales, propuso entonces recortarse su sueldo en menor medida que los
diputados, pero la Mesa
de las Cortes y la Junta
de Portavoces rechazaron esa peregrina propuesta. Y entonces, su respuesta a
esa negativa fue la siguiente: “No es solución para resolver los
problemas de la
Administración bajar los sueldos de los funcionarios”. Yo le
diría a García Vicente que no es la solución, en efecto, pero sí parte de la
solución. Su postura me recuerda el chascarrillo de aquel grupo de comunistas
que pretendía que la riqueza nacional se repartiese por igual entre todos los
españoles. Y de pronto alzó uno de ellos la voz para gritar en público: “Sí, conforme,
pero la bicicleta es mía”. García Vicente lo que no quería, ya en 2010, era
tener los mismos recortes en su nómina que el resto de los diputados, incluido
el presidente. En suma, el recorte de funcionarios es necesario cuando existen
duplicidades de gestión en distintos organismos; y los recortes en las nóminas
de todos ellos, en cambio, es una decisión política discutible y discutida.
Pero la desaparición de la figura del Justicia de Aragón, además de necesaria
es de sentido común, si se tiene en cuenta que supera con creces lo que cuesta
a lo que resuelve.
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