domingo, 15 de septiembre de 2013

Autopista de facilidades





Ya sabemos que en España el trabajo es un bien escaso, pero existen anuncios de ofertas de lo más pintorescas. Así, en Murcia, apareció días pasados una oferta de trabajo en un portal de empleo (“Infojobs”)  que pone en evidencia cómo comienzan a asomar los primeros brotes verdes en los sobacos y en las ingles de la ministra  Fátima Báñez de la Blanca Paloma y de los Grandes Expresos Europeos. Pero a lo que iba, moreno. Reza el anuncio: “Se busca repartidor de bollería en Murcia. Requisitos: licenciado en Empresariales, dispuesto a comenzar la jornada laboral a las 4 de la mañana de lunes a sábado, con carné de conducir y una antigüedad superior a dos años. Sueldo: entre 12.000 y 15.000 euros brutos anuales”. Pues nada, según leo, para esa oferta se han presentado más de 600 candidatos. Soy consciente de que estamos pasando por la peor crisis económica desde la Guerra Civil, como bien señala Iñigo de Barrón  hoy en El País, donde sigue informando de que “Este tsunami se traduce en seis millones de parados, recortes brutales en la inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales; una caída del crédito bruto en 350.000 millones, (nunca en toda la serie histórica del Banco de España, que arranca en 1995, se había registrado un ritmo de caída igual); una deuda pública del 92,4% del PIB, la desaparición de millones de empresas y la transformación radical del sistema financiero. La banca (sobre todo el sector de cajas) ha recibido ayudas de capital de 61.366 millones, que ascienden a 167.460 millones si se incluyen los apoyos en avales, liquidez, el banco malo y la protección ante morosos”. Ante este panorama desolador, en el que la CEOE propone un día sí y otro también seguir dando vueltas a la misma tuerca contra los pocos  trabajadores que van quedando, su presidente, Juan Rosell, con un cinismo impresionante, se permitió cuestionar los datos de la EPA, o sea, que durante 2012 no hubo una caída del 1’4% y una destrucción de 850.000 puestos de trabajo. Y Arturo Fernández, su mano derecha, llegó a decir en la Cadena Ser en noviembre de 2011: “No es verdad que queramos despedir. Lo que más nos gusta a los empresarios es contratar, pero para ello se nos tiene que poner una autopista de facilidades”. Pero la realidad es que dos años más tarde de esas indecentes declaraciones; es decir, en febrero de 2013, Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y propietario del grupo hostelero Arturo Campoblanco, se sabe que tenía unas deudas de nueve millones de euros con las arcas públicas. De estos, más de cuatro millones de euros correspondían a deudas con la Seguridad Social y Hacienda, y el resto a incumplimientos de contratos con entes públicos. El grueso se lo llevaba Turespaña, que tenía una deuda acumulada de 3,1 millones de euros. Adeudaba otro millón de euros a Ifema, la empresa que preside Álvarez del Manzano y que tan rumboso aparecía días pasados por Buenos Aires junto a la alcaldesa Botella, mientras ésta vendía humo olímpico, o café con leche, o sabe Dios qué. Y este es el paisaje que podemos observar en España, donde la Patronal desea la construcción de una “autopista de facilidades” en beneficio propio, y donde en Murcia, a este paso, habrá que opositar a notarías para poder optar al puesto de repartidor de cruasanes en un motocarro por carreteras secundarias.

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