Gustavo Alcalde

Las organizaciones políticas CHA e IU, los sindicatos CGT y OSTA y la asociación 15M, todos juntos en unión, entregarán el próximo viernes un escrito al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, pidiéndole su dimisión por haber permitido actos fascistas en Zaragoza. Según el diario Heraldo de Aragón, los hechos son los siguientes: en el pasado mes de enero, el Movimiento Social Republicano realizó una campaña en diversos barrios zaragozanos en la que se colgaban carteles xenófobos; en febrero, tuvo lugar la III edición de las Jornadas Antiglobalización en la que participaron dirigentes de ultra derecha nacionales e internacionales y, por si ello fuera poco, uno de los representantes se reunió ese mes con el líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Nikolaos Machaloliakos; en marzo, se autorizó un mitin de Falange Española de las JONS en un centro cívico del barrio de Delicias, donde un energúmeno golpeó a un inmigrante al grito de "y tú qué miras, negro de mierda"; en mayo, Falange Española fue autorizada a concentrarse en la Plaza del Pilar contra el aborto;  en junio aparecieron pintadas con esvásticas y lemas como "seig heil" en el barrio de San José durante la manifestación del orgullo gay; y, finalmente, el pasado 21 de ese mes se  permitió por parte de la Delegación del Gobierno otra manifestación en la que se exhibieron banderas con simbología neonazi. Veamos: sabido es que en España existen grupos involucionistas y que algunos de esos grupos, por ejemplo Falange Española, protagonizaron trágicos episodios durante la pasada Guerra Civil. Y conocido es, también, que a partir de los 80, los llamados “skins neonazis” encontraron en el fútbol un  ámbito donde proyectar su violencia. Pero hubo otros ámbitos de actuación de esos grupos minoritarios en las últimas décadas. Así, por ejemplo, el 13 de noviembre de 1992, un grupo de skins neonazis se trasladó desde Madrid hasta Aravaca para atacar a ciudadanos de color; asesinando a Lucrecia Pérez Matos; al día siguiente, otro grupo mató a golpes en Majadahonda al marroquí Hassan el Yahaqui; el 5 de octubre de 1991, otro grupo de skins neonazis asesinó en Barcelona a Juan José Rescalvo e hirió de gravedad a cuatro mendigos y un transexual, etcétera. Pero, al margen de esos sonrojantes hechos dolosos, en España existe libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica y sin armas tal y como está contemplada en los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución Española y, por consiguiente, no necesitan autorización ni comunicación previa a la autoridad. Pero del mantenimiento del orden público de esas reuniones y/o manifestaciones serán responsabilidad de sus organizadores. Sólo se dará cuenta a la autoridad en el caso de que tales manifestaciones, o reuniones, se celebrasen en lugares de tránsito público y, debido a esa circunstancia, se impidiese el normal desenvolvimiento ciudadano. Gustavo Alcalde, por tanto, se limitó en todos los casos descritos por la prensa aragonesa a respetar la Constitución, tanto en enero, como en febrero, en marzo… y en el resto de los meses del año, como era su deber. Estaría bueno que se prohibiese un partido de fútbol porque un energúmeno vociferara contra el árbitro. Las organizaciones políticas, los sindicatos y esa asociación concreta, que se “escandalizan” viendo ondear en determinados actos banderas de Falange, deberían caer en la cuenta de que ellos, a la menor ocasión que se les brinda, ondean la bandera tricolor. Y no pasa nada. Gustavo Alcalde Sánchez, bilbilitano de nación, médico de profesión y político por devoción, que tomó el testigo del doctor en Derecho Javier Fernández López, es una persona que merece todos mis respetos y que ejerce el mandato encomendado por el Gobierno de España de forma ejemplar. Nada más que añadir.