El periodista Alberto Lardiés lo tiene muy claro: “O
se regenera España por la vía de las reformas legales profundas o habrá que
votar a Pablo Iglesias para
zarandear este sistema moribundo”. Y eso lo cuenta en el mismo medio (Vozpópuli) donde otro colega, Jesús Cacho, al referirse a Rodrigo Rato, en su artículo “El hombre al que perdió la soberbia y el
dinero”, señala lo siguiente:
“Él y otros como él son los directos
responsables de la deriva comatosa, el camino de perdición que a partir de
primeros de los noventa ha recorrido nuestro sistema político, devenido en una
triste cloaca donde chapotea toda corrupción imaginable. Solo había en ellos
espejo para el dinero, alma para su firme determinación de enriquecerse, su querencia a pagar favores con favores,
a confundir lo público con lo privado, a caminar por el lado oscuro de la ley,
a dar la espalda a las necesidades a largo plazo de un país que, tras la
pobreza vivida de siglos, tras los siglos de borbónicas incurias, hubiera
necesitado de la exquisita honradez de unas élites ejemplares para pavimentar
con solidez su camino hacia el futuro. No fue así, no ha sido así y por
eso estamos aquí. "De
todas las historias de la
Historia / sin duda la más triste es la de España / porque
termina mal" (Jaime Gil de Biedma).
Da pena escuchar eso. El tema de
las tarjetas opacas de Cajamadrid sólo
es un caso más de lo que acaece en España. Rato salió del FMI sorpresivamente,
sin dar tiempo a la reacción. Pasó algo parecido con Juan Carlos I, donde desde
el Gobierno y la “presa del pesebre” rebozaron esa “espantada súbita” con el
pan rallado de que el Rey “tenía pensada su abdicación desde principios de
año”. Nadie con dos dedos de frente se lo creyó. Y lo primero que se le ocurrió
hacer Rajoy, sin que la ciudadanía se lo pidiese y antes de que el nuevo
rey fuese coronado, fue aforar al
rey saliente por procedimiento de
urgencia y con carácter retroactivo el domigo, 13 de julio (BOE, 12 de julio)
mediante un artículo en el que se establecía que las posibles causas civiles y
penales que pudieran entablarse contra el rey después de su abdicación de
dirimirían en el Tribunal Supremo, “atendiendo a la dignidad de la figura de
quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los
titulares de otras magistraturas y poderes del Estado”. El pusilánime Rajoy ya
podía respirar tranquilo tras haber dado en el chiste con esa “extravagancia
jurídica” por el carácter retroactivo de tal privilegio. Y, colorín, colorado, se cerró un aforamiento
exprés y total de Juan Carlos en el
Congreso, en sesión extraordinaria y sólo con el voto del PP, de los dos
diputados de UPN y Foro de Asturias. ¡Oh, que lindo¡ España puede ser
republicana o monárquica, o mitad y mitad, pero lo que no se puede consentir de
ninguna de las maneras es que Urdangarín,
yerno del rey, o Spottorno, jefe de la Casa Real, estén
presentes en el juego de la corrupción, cuando su probidad debería haber sido
exquisita en un país donde existen seis millones de ciudadanos desempleados y
donde los datos de Cáritas ponen los pelos de punta.
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