Dignidad

Confiar en que el turismo extranjero siga llegando a nuestras playas para crear nuevos puestos de trabajo de camareros y mozos de hotel es arriesgado. Basta con que cambien los gustos, que se produzcan actos terroristas, o que los turistas se marchen escaldados por  los abusos hosteleros para que los datos que ahora nos ofrece pomposamente  Mariano Rajoy se troquen en angustiosa desazón. Dicen las estadísticas que Orense sigue a la cola en tasas de actividad. Tiene su explicación: el oficio de afilador y paragüero está en su crepúsculo. Es una broma. En España se da la paradoja de que baja el desempleo y baja a la vez el número de empleados. La razón es que en este país hay ahora  casi 500.000 personas menos que cuando consiguió mayoría absoluta el PP el 20 de diciembre de 2011; y, además, posteriormente se modificaron los criterios (a beneficio de inventario propagandístico de la derechona) para que alguien pudiese ser considerado trabajador en activo. Pero los datos en el segundo trimestre de 2015 de la  EPA señalan que existe una tasa de actividad del 59’79% y una tasa de paro del 22’37% en esa  clasificación de ocupados, activos, parados e inactivos. Lo que sucede es que en este país habría que distinguir de forma diáfana la diferencia existente entre el parado y el inactivo. Los parados (activos) no tienen trabajo, están en edad de trabajar y lo buscan. Los inactivos, en cambio, son aquellos individuos que no buscan trabajo por la sencilla razón de que no quieren trabajar. Es decir, que por más que nos empeñemos en reducir las cifras de desempleo, siempre existirá una población (posiblemente cercana al 6 %) que no está dispuesta a dar un palo al agua. Y decía individuos porque no es lo mismo ser persona que individuo, sino persona que sujeto responsable. Pretender vivir del  Estado de forma parasitaria a base de subsidios y prestaciones no contributivas, comedores sociales, Cáritas, etc, estando en edad de trabajar siempre va en detrimento de la dignidad de la persona. Pero el Estado, consciente de que no puede situarse por encima de la dignidad humana ni usurparla, por muy irresponsable que sea el individuo en cuestión, tiene regulados unos mecanismos para casos de necesidad acuciante y su deber es aplicarlos. Esa es una de las bondades de la democracia.