lunes, 12 de octubre de 2015

El milagro del "duralex"




El ministro Morenés, otrora consejero y más tarde representante de Instalaza, empresa zaragozana que fue fabricante de bombas de racimo hasta la firma del Tratado de Dublín, que tuvo como cliente a  Muamar Gadafi y que solicitó una indemnización de 40 millones de euros al Gobierno de España tras prohibir ese tipo de bombas, dice ahora que “no hay riesgo de que España se rompa”. Morenés, que llegó a ser ministro de Defensa por sugerencia de Juan Carlos I al pusilánime Rajoy, ha conseguido traspasar la puerta giratoria en sentido inverso a la costumbre. Pasó de vender armas desde Instalaza al Gobierno y desde el Gobierno comprar armas a Instalaza. De ser presidente ejecutivo en España de MBDA (fabricante de misiles) a ser ministro de Defensa; de ser  socio único de Boguillas SL (Padilla, 82 Madrid), donde en el mismo domicilio tiene sede otra empresa, Security Technologies and systems i-sec Iberia SL, a ser ministro de Defensa… Suma y sigue. El segundo hijo del IV vizconde de Alerón y nieto del III marqués de Grigny, VIII conde de Asalto, II conde de Peña del Moro y V barón de las Cuatro Torres, dice con su habitual cara de palo que no hay riesgo de que España se rompa. Tampoco se iban a romper Tabacalera, de la que fue consejero Morenés antes de ser vendida a Altadis; o Telefónica, de la que Morenés también fue consejero y cuya privatización total tuvo lugar mediante dos ofertas públicas de acciones en 1995 y 1999, siendo presidente Villalonga. Ninguna de las dos se rompieron, simplemente se privatizaron: Tabacalera en 1999, al fusionarse con la francesa Seita para formar Altadis, y Telefónica mediante las dos ofertas públicas señaladas. Tabacalera siendo presidente César Alierta, nombrado por Aznar. En aquella operación, Alierta ganó 1’86 millones de euros. La Audiencia Provincial de Madrid, por sentencia de 17 de julio de 2009 probó que se había utilizado información privilegiada de Alierta y su sobrino Javier Placer, pero se absolvió a ambos por haber prescrito el delito. Por cierto, aquel juicio oral, celebrado entre los días 14, 16, 21 y 22 de abril de 2009, estuvo presidido por la magistrada Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid. Y en 2000, a iniciativa del Gobierno, fue nombrado Alierta presidente de Telefónica, en sustitución de Juan Villalonga. Al año siguiente, en 2011, el presidente de Telefónica recibió una remuneración total a 10,27 millones de euros, con el siguiente desglose: 6,91 millones de euros en metálico,  145 544 en acciones por el programa plurianual de incentivos, (valoradas en el momento de ser recibidas en 2,287 millones); 1,02 millones de euros en contribuciones a planes de pensiones y aproximadamente 60.000 euros en retribuciones en especie. Pero esta España cañí, como dice Morenés, no hay riesgo de que se rompa. Es a todas luces como aquellos tazones y platos de cristal que traíamos de Andorra a principios de los 60; y que, al llegar a casa, tirábamos al suelo para demostrar a los vecinos de escalera que habíamos hecho una buena adquisición. Era el milagro del “duralex”, casi tan importante –decían con fascinación las vecinas, enfundadas en su bata de boatiné- como el Hipofosfitos Salud o las prodigiosas pastillas de Gallina Blanca.

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