Las vacilaciones del pusilánime Argüelles fueron causa de que fracasara el golpe de Estado en
Santander y su provincia, pese al amplio apego popular de que gozaba y el
impulso de militares y de la Guardia Civil.
Argüelles fue negligente y su postura impidió que se levantasen las derechas en
aquella tierra tan conservadora, donde eran mayoría. Y esa pusilanimidad de
Argüelles fue causa de que esa provincia, entonces incluida en Castilla la Vieja, conociera 13 meses de
dominio republicano. Argüelles, tras su destitución, tuvo que esconderse. Le
habían llegado noticias de que pretendían asesinarle. Y encontró refugio en el
domicilio del diputado de Izquierda Republicana Ruiz Rebollo. Al final fue detenido e ingresó en prisión el 3 de
agosto de 1937. El día 13 sería trasladado al “Alfonso Pérez” y allí permaneció hasta que por causas de
enfermedad tuvo que ser evacuado al hospital de Valdecilla, donde fue operado.
El 25 de agosto fue puesto en libertad. Tres días más tarde llegaba a Santander
un telegrama del general jefe del Ejército del Norte dirigido al auditor, donde
se ordenaba su detención, por haber sido el “principal
responsable de la pérdida para nuestra causa de esa Plaza y e toda la Provincia”. Añadía
el telegrama que se le debía incoar juicio sumarísimo. Dos días después hacía
Argüelles su primera declaración, resumiendo en 15 líneas su actuación en los
últimos meses. Al día siguiente se acordaba su procesamiento. En los días
posteriores se tomó declaración a otros militares. Finalmente, el fiscal Felipe Acedo formuló conclusiones en
las que se acusaba a Argüelles de negligencia con circunstancias agravantes.
Pedía para él y para el coronel Indalecio
Terán sendas penas de muerte. El día 16 se les leían los cargos, pero a espensas
de las declaraciones de otras personas se convocó de nuevo el Consejo de Guerra
el 25 de octubre a las cuatro de la tarde. El nuevo presidente de la sala de
vistas era el coronel de Infantería Antonio
Lozano. Terminadas las declaraciones, intervino el fiscal reiterando sus
peticiones. Ese mismo día se dictó sentencias y se remitieron a Bilbao, al
auditor jefe, que las dio por buenas, para posteriormente mandarlas a Burgos,
al general Dávila, jefe del Ejército
del Norte. Dicho general aprobó las sentencias el 6 de noviembre y las
ejecuciones de los dos coroneles, Argüelles y Terán, quedaron pendientes del “enterado” de Franco. Al llegar a su mesa de despacho esas sentencias
condenatorias mantuvo la de Argüelles y conmutó la del coronel Terán por el grado inferior. El 17 de noviembre
llegaba a Santander la confirmación del “enterado”
y el coronel gobernador militar ordenó que entrase en capilla esa misma noche
Arguelléis el resto de los condenados a muerte previstos para ese día. A la una
de la madrugada del día 18 Argüelles quedaba bajo la custodia del alférez de la Guardia Civil Toribio Martín, jefe del pelotón de
ejecución. A las 7 horas de aquel día otoñal Argüelles era pasado por las
armas. Resulta curioso lo sucedido. Un militar afecto a la causa de los
rebeldes, hecho prisionero por los republicanos, puesto por éstos en libertad,
y posteriormente fusilado por los
rebeldes, bajo acusación de no haber maniobrado con eficacia para darles el
triunfo con la celeridad esperada. Argüelles pasó por Calatayud como un cometa
y, posiblemente, nadie se acuerde de aquella presencia. A mi entender, aunque resulte una paradoja, fue el
único ciudadano del que tengo noticia que hizo causa con el golpe de Estado de
1936 pero que, pese a ello, merecería
reconocimiento con la Ley
de la Memoria Histórica.
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