El Estado se tiene que hacer cargo de las autopistas
deficitarias que auspició en su día el gobierno presidido por Aznar: las cuatro radiales de acceso a
Madrid gestionadas por un consorcio compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia; la M-12
de acceso al Aeropuerto de Barajas; la AP-41 Madrid-Toledo;
la circunvalación de Alicante; y la carretera que une Cartagena con la
localidad almeriense de Vera. La razón, según el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, son los
sobrecostes y la escasez de tráfico rodado. De la Serna señaló a los medios
que esas autopistas hubiesen sido más caras de haberlas hecho el Estado. Pero,
¿acaso hacían falta? Ello supondrá un
desembolso de al menos 5.500 millones. Ahora la Banca, que todavía no ha
devuelto el dinero del rescate de 2012 ni lleva intención de devolverlo,
posiblemente pedirá otro nuevo rescate por el dinero (inicialmente unos 4.000
millones, que luego serán más) que deberá devolver a sus clientes por las
abusivas “cláusulas suelo” desde el inicio
de los contratos hipotecarios, como consecuencia de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
La Bolsa
registra hoy caídas de hasta un 11% a media sesión. Según explica María Cuesta en el diario ABC, “las entidades financieras, a excepción
de Banco Santander y Bankinter que no aplicaban cláusulas suelo en sus
contratos hipotecarios, han ingresado casi 9.800 millones desde 2009 gracias
a limitar en las hipotecas la caída del Euribor. Por si todo eso fuese
poco, la Seguridad Social acaba de sacar
otros 936 millones del Fondo de Reserva
para liquidar el IRPF de las pensiones, cuya magra hucha se queda en 15.195
millones, además de los 9.500 millones extraídos para afrontar las pagas
ordinarias y extraordinarias de diciembre. El Gobierno que preside Rajoy gasta más en fastos que en
eficacia. El Gobierno no entiende, según se desprende de esta penosa situación,
que se puede reducir el gasto público innecesario sin recortar el gasto social;
por ejemplo los millones destinados a caprichos políticos, a duplicidades de
servicios, a coches oficiales, al pago de sueldos a infantas, a diputaciones
provinciales, al mantenimiento de un Senado ineficaz, al pago dietas tremendas,
a gastos de representación escalofriantes… La lista puede ser más larga que el
rabo de una rata. Arruinar un pueblo a costa de un Estado no es ético ni
práctico. Se impone el sentido común para evitar el sufrimiento innecesario de
los ciudadanos.
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