sábado, 1 de julio de 2017

Coger el toro por los cuernos





En el actual momento español, entiendo que debería revisarse el Concordato de España con la Santa Sede (3 de enero de 1979), precedido por otro (28 de julio de 1976) por el que se adjudicaba a Juan Carlos I el nombramiento de vicario general castrense con graduación de general de división. Aquellos acuerdos se firmaron sólo cinco días después de que entrase en vigor la Constitución Española, publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. No se puede, por un lado, tener que pedir préstamos para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas y, por otro lado, mantener unos privilegios fiscales con la Iglesia Católica, entre ellos la exención de IBI de lugares no destinados a culto o las inmatriculaciones (al amparo de una ley de 1944 y por una reforma de 1998 durante el mandato de Aznar) que permiten adueñarse, como así se ha hecho, de inmuebles y solares sin acreditar título de propiedad. Como bien señala hoy un editorial en El País, “también es discutible que el Estado siga contribuyendo al sostenimiento de su estructura, incluida la casilla del 0,7% del IRPF que le reporta ingresos directos, cuando otras confesiones no gozan de tal privilegio. Se da la circunstancia de que la mayor parte de los ingresos que reciben las organizaciones humanitarias vinculadas a la Iglesia como Cáritas, no proceden de esa casilla, sino de la que figura como ‘actividades de interés social’ destinada a financiar a las organizaciones no gubernamentales”. Y encima de todo ello, estos privilegiados funcionarios del Cielo cobran entrada al que desea visitar el interior de una catedral. ¡Hace falta tener papo...!

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