martes, 1 de agosto de 2017

Desenredar la madeja





Si ayer hacía referencia al posado real en Marivent y la “pesadilla” que para la consorte del Rey -según sostiene Peñafiel- suponen tanto Marivent como Mallorca, hoy hago referencia al cuñado, Iñaki Urdangarín, que teme a que el Tribunal Supremo le aumente la pena por el caso Nóos dictada en su día por la Audiencia de Palma. Y el cuñado del Rey argumenta que fue “un amigable componedor, un mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo”. Hombre, ¡ahora sí que lo ha adornado! Es, verbigracia, como si un quinqui, una vez detenido y llevado ante el juez por hurtar géneros en una tienda, señala que actuó de esa guisa por desconocimiento del Derecho Penal. Urdangarín, a mi entender, sí sabe algo de Derecho cuando afirma que “la obsoleta figura de la 'obediencia debida' ha desaparecido del Código Penal hace años”, y que también sabe algo de Derecho Administrativo, cuando afirma que “el tribunal –refiriéndose a la Audiencia de Palma- llevó a cabo interpretaciones de la norma del IRPF de manera extensiva y parcial, siempre en contra de la aplicación favorable del conjunto de dicha norma, vulnerando el principio "in dubio pro reo". La Audiencia de Palma condenó a Urdangarín el pasado 17 de febrero a seis años y tres meses de prisión por  prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública. No me cabe la menor duda de que el “cerebro” de esa trama fue Diego Torres, condenado por idénticos delitos probados que Urdangarín, con el añadido en su caso de blanqueo de capitales. Pero a nadie se le escapa que Torres no hubiese podido penetrar en los dominios del entonces “todopoderoso” Jaume Matas sin el apoyo de su socio, colaborador necesario, que tenía la llave maestra dada su condición de consorte de la infanta Cristina. Según precisaba Diego Torres en su petición de exculpación al Tribunal Supremo, “por parte de la Familia Real no sólo estaban implicados Iñaki Urdangarín, su esposa la infanta Cristina y Carlos García Revenga, ex secretario de las infantas, como miembros de la Junta Directiva del Instituto Nóos, sino que también estaban informados de la marcha del mismo el propio Rey Juan Carlos, hoy emérito, así como su abogado José Manuel Romero, conde de Fontao, y el jefe de la Casa Real”. En un Estado de derecho no se le pide al reo que tenga que probar su inocencia, sino que corresponde al fiscal probar la culpa del encausado. Y en caso de dudas razonables, fallo absolutorio. Sólo queda esperar, para salir de dudas.

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