Estos días escucho y leo con demasiada frecuencia en los
medios que el Gobierno catalán ha dado un golpe de Estado a la democracia. Algunos periodistas lerdos hasta lo comparan con el 23-F. En este sentido, Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias
Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu
Fabra, ha dejado escrito (Público, octubre 18, 2017) algo que
deberíamos considerar: “Una persona, no sospechosa de simpatías
secesionistas, como Josep Borrell,
que fue presidente del Parlamento Europeo
y Ministro en el gobierno PSOE presidido por Felipe González, ha hecho una breve lista de los agravios y ofensas
a Catalunya. En 2005, el gobierno de izquierdas del tripartito, liderado por el
socialista Pasqual Maragall, propuso
un Estatut que redefiniera la
relación del gobierno de la
Generalitat con el
Estado español, proponiendo, entre otros elementos, el reconocimiento de
Cataluña como una nación dentro de un Estado plurinacional. Tal Estatut fue aprobado por el Parlament de Catalunya, más tarde
(modificado) aprobado por las Cortes Españolas, y por último, aprobado por el
pueblo catalán en un referéndum. Ahora bien, todo este proceso acumulativo de
decisiones tomadas por distintas soberanías fue completamente ignorado. Borrell
señala que elementos importantes de tal Estatut
fueron vetados por el Tribunal
Constitucional, controlado por el PP, en un hecho que el catedrático Javier Pérez Royo ha definido como un
golpe de Estado, saltándose todo tipo de soberanías debido a intereses
partidistas. Y para mayor ofensa, se eliminaron elementos, como señala también
Borrell, que ya habían sido aprobados en otras Comunidades Autonómicas, como es
Andalucía”. Este es un país donde el artículo 155 que ahora se desea aplicar en
Cataluña forma parte de la Constitución Española aprobada en 1978 por los
ciudadanos, donde también se incluyó la Monarquía Parlamentaria
como forma de Estado sin haberse hecho una consulta previa sobre la forma de
Estado que deseaban los españoles. Se “incrustó” la Monarquía en el texto
general como un trozo de salami dentro del bocadillo. Existen unas
declaraciones de Adolfo Suárez donde ese político afirmaba que,
de haberse hecho una consulta popular previa sobre la forma de Estado, la
elección de Juan Carlos de Borbón se
hubiese desechado de forma mayoritaria por la ciudadanía y que, por esa razón,
se incluyó la Monarquía dentro del conjunto del texto constitucional
motivo de la consulta aquel 6 de diciembre de 1978. En ese sentido, Vicenç
Navarro también detalla lo siguiente: “En cuanto al argumento de que la
aprobación de la
Constitución por parte de la población española legitimó que
se considerara como el punto de referencia de todos los demócratas hay que
señalar que tal argumento ignora que las dos alternativas posibles que se
presentaron a la población fueron o bien inaugurar la democracia (reflejada en la Constitución) o
continuar en la dictadura. Entre tales opciones era claro que la población
eligiera la primera alternativa sobre la segunda. En realidad, el hecho de que
Cataluña fuera la Comunidad
donde la aprobación de la
Constitución fue mayor se debió, no tanto al entusiasmo por la Constitución, sino
por el gran rechazo a la dictadura. Aprobar tal referéndum fue la única salida
a tal situación intolerable”. Lo primero que debería hacer el actual Gobierno
sustentado por el PP serían dos cosas: una, dotar la Ley de la Memoria Histórica
con dinero público, cosa que no sucede. Y dos, que el PP y el Gobierno que
preside Rajoy hiciesen un rechazo solemne al golpe de Estado que provocó la Guerra Civil y al
franquismo, que tampoco se lo plantean.
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