Lo de la
Iglesia (que dicen que “somos todos” pero está dominada por
unos pocos) es de libro. Un ejemplo: la Colegiata de Santa María, de Calatayud.
Necesitaba arreglos. Se hicieron. El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de
Calatayud y el Obispado de Tarazona firmaron en septiembre de 2016 un convenio
para profundizar en su rehabilitación, con un
presupuesto del Estado y una aportación municipal. La idea era que se
pudiese abrir al culto y a las visitas guiadas en 2019. En el documento en su
día firmado por la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, el Estado se
comprometía a invertir 2.181.450 millones de euros en varias fases, el
Ayuntamiento de Calatayud ayudaría con otros 900.000 euros y el Obispado de
Tarazona añadiría una aportación que desconozco. En su día, me refiero al año
pasado, dijo el alcalde Aranda que
esas reformas de la Colegiata
iban a ser “un revulsivo para el turismo”. No sé. Revulsivo, como adjetivo,
significa que produce un cambio importante, generalmente favorable. Pero la RAE también reconoce dos
acepciones de ese término, relacionadas con la Medicina. Y como el alcalde
Aranda es médico, será necesario tocar madera. Un fármaco revulsivo es el que
induce la revulsión, es decir, una inflamación de las mucosas como mecanismo
curativo; verbigracia: las sustancias purgantes y las que producen vómitos. Y
en el lenguaje coloquial, se utiliza como aquello que está en condiciones de
modificar algo. Pero revulsivo, también, puede referirse a algo que modifica
las condiciones existentes. Y ahí voy. En efecto. Esas condiciones existentes
ya se han modificado. De momento, la Iglesia Católica acaba de
inscribir la Colegiata
de Santa María como de su propiedad. Consta la inscribió en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en 2015. Se ha sabido dos años después, o sea, ahora, lo que parece un
despropósito. Concretamente, fue el 26 de marzo de 2015 cuando el Obispado de
Tarazona hizo esa solicitud en el Registro de la Propiedad de la Colegiata, incluida en
la lista del Patrimonio mundial de la UNESCO.
Se acreditó mediante un certificado que la Colegiata estaba
dedicada al culto católico desde hacía más de ocho siglos. Finalmente quedó
inscrita en el Registro con un ridículo valor catastral de 460.628’43 euros,
con una certificación de superficie de parcela de 2.986 metros cuadrados, y unas dependencias construidas que añaden 6.502,7 metros cuadrados. Para
facilitarle al Ayuntamiento la captación de fondos públicos con los que
restaurar la Colegiata,
el Obispado le había otorgado en diciembre de 2014 una cesión de uso cultural
con ciertas condiciones. En resumidas cuentas: el Estado y el Municipio pagan
los necesarios arreglos, la Iglesia Católica
la inscribe posteriormente como propiedad suya; y ahora, ¿qué pasará? Pues,
sencillamente, que unos espabilados funcionarios del Cielo, adoradores del
becerro de los huevos de oro, que son más gordos que los del caballo de Espartero en el Espolón de Logroño,
cobrarán la entrada al ciudadano que desee visitar la Colegiata de Calatayud,
como viene sucediendo vergonzosamente en La Seo zaragozana y en todas las catedrales de
España.
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